Un poco de historia…
El 2 de julio de 2005 el Boletín Oficial del Estado publicaba la modificación del Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio que permitía el acceso a este a las parejas del mismo sexo.
Este cambio legislativo constituyó un histórico avance al ampliar la protección legal a la realidad familiar del colectivo LGTB, tanto de nuestras parejas como de nuestros hijos e hijas. Tras décadas de invisibilidad y marginación, supuso un reconocimiento de nuestra dignidad en una sociedad avanzada, plural y diversa. Este hecho es, sin duda, motivo de satisfacción no sólo en el colectivo afectado, también en el conjunto de la ciudadanía en la medida en que es una ampliación de derechos y libertades.
En septiembre de 2005 el Partido Popular interpuso un recurso de inconstitucionalidad para invalidar la reforma del Código Civil que reconocía el derecho al matrimonio para las parejas del mismo sexo.
Incertidumbre e inseguridad para miles de familias
Este recurso está siendo una auténtica espada de Damocles para decenas de miles de familias, familias que están compuestas por dos mujeres, dos hombres, por sus hijos e hijas, con sus respectivas familias extensas que incluyen a abuelos y abuelas, tíos y tías… que viven desde entonces en un clima de incertidumbre e inseguridad. Y ese no es el mejor contexto para desarrollar ningún proyecto de vida y, lo más importante, los de miles de niños y niñas que viven en esas familias.
Incertidumbre porque, aunque tenemos la convicción del acto de justicia que supuso la reforma del Código Civil, efectivamente, ha de ser el Tribunal Constitucional el que sancione su plena compatibilidad conla Carta Magna porque así lo ha querido el Partido Popular que con su recurso persigue anular una reforma, que no perjudica a nadie y sí implica dignidad y felicidad para muchas familias.
Además, sufrimos inseguridad por las consecuencias que podría tener una sentencia negativa del Constitucional o una “contrarreforma” impulsada por los sectores más conservadores de la sociedad para esas decenas de miles de familias que en estos años han podido “salir del armario” ganando protección y dignidad. ¿Habría algo más cruel que negar las indudables mejoras que han vivido como madres y padres, que han vivido sus hijos e hijas? El tiempo transcurrido ha desmentido algunos de los argumentos más manidos en su momento. Los modelos de familia más tradicionales ni se han roto ni se han visto socavados. Cada pareja, cada proyecto de convivencia ha podido elegir, libremente, gracias a la reforma del Código Civil, cómo organizar su relación afectiva, sin perjudicar en ningún momento unas opciones a otras. El único perjuicio que existe es aquel que se deriva de un modelo excluyente que niega la pluralidad que ahora mismo la legalidad sí ampara.
La igualdad de un colectivo ha de ser completa o, por el contrario, no lo es. Por esta razón es vital respetar la libertad de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales para elegir, en caso de querer afianzar su unión desde el punto de vista legal, entre un enlace en matrimonio o por una unión de pareja de hecho; sólo así la convivencia de estas personas se producirá en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía. Hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie se mantiene esta duda jurídica y esto crea un gran desasosiego.
La mayoría social que apoya el derecho al matrimonio igualitario ha de ser visible
Sabemos que la inmensa mayoría de la sociedad es favorable al pleno reconocimiento de la dignidad y la igualdad para las familias que componen personas LGTB. Pero es necesario que esta mayoría sea abrumadora y, además, se haga visible. De forma libre y democrática, pacífica y respetuosa pero con toda la firmeza posible queremos mostrar por un lado al Gobierno de España, al Partido Popular y por otro al Tribunal Constitucional que las personas LGTB merecen la dignidad y la libertad de cualquier otra persona.
Existíamos, existimos y existiremos de hecho, con recurso o sin recurso, con sentencia del Constitucional positiva o negativa. El debate real es si una sociedad democrática y avanzada, como la española, está dispuesta a soportar un escenario en el que se condene, otra vez, a la clandestinidad a miles de familias vetando nuestro derecho más elemental al amor y la felicidad.
Así que este Orgullo, sal a la calle y posiciónate.
Un poco de historia…
El 2 de julio de 2005 el Boletín Oficial del Estado publicaba la modificación del Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio que permitía el acceso a este a las parejas del mismo sexo.
Este cambio legislativo constituyó un histórico avance al ampliar la protección legal a la realidad familiar del colectivo LGTB, tanto de nuestras parejas como de nuestros hijos e hijas. Tras décadas de invisibilidad y marginación, supuso un reconocimiento de nuestra dignidad en una sociedad avanzada, plural y diversa. Este hecho es, sin duda, motivo de satisfacción no sólo en el colectivo afectado, también en el conjunto de la ciudadanía en la medida en que es una ampliación de derechos y libertades.
En septiembre de 2005 el Partido Popular interpuso un recurso de inconstitucionalidad para invalidar la reforma del Código Civil que reconocía el derecho al matrimonio para las parejas del mismo sexo.
Incertidumbre e inseguridad para miles de familias
Este recurso está siendo una auténtica espada de Damocles para decenas de miles de familias, familias que están compuestas por dos mujeres, dos hombres, por sus hijos e hijas, con sus respectivas familias extensas que incluyen a abuelos y abuelas, tíos y tías… que viven desde entonces en un clima de incertidumbre e inseguridad. Y ese no es el mejor contexto para desarrollar ningún proyecto de vida y, lo más importante, los de miles de niños y niñas que viven en esas familias.
Incertidumbre porque, aunque tenemos la convicción del acto de justicia que supuso la reforma del Código Civil, efectivamente, ha de ser el Tribunal Constitucional el que sancione su plena compatibilidad conla Carta Magna porque así lo ha querido el Partido Popular que con su recurso persigue anular una reforma, que no perjudica a nadie y sí implica dignidad y felicidad para muchas familias.
Además, sufrimos inseguridad por las consecuencias que podría tener una sentencia negativa del Constitucional o una “contrarreforma” impulsada por los sectores más conservadores de la sociedad para esas decenas de miles de familias que en estos años han podido “salir del armario” ganando protección y dignidad. ¿Habría algo más cruel que negar las indudables mejoras que han vivido como madres y padres, que han vivido sus hijos e hijas? El tiempo transcurrido ha desmentido algunos de los argumentos más manidos en su momento. Los modelos de familia más tradicionales ni se han roto ni se han visto socavados. Cada pareja, cada proyecto de convivencia ha podido elegir, libremente, gracias a la reforma del Código Civil, cómo organizar su relación afectiva, sin perjudicar en ningún momento unas opciones a otras. El único perjuicio que existe es aquel que se deriva de un modelo excluyente que niega la pluralidad que ahora mismo la legalidad sí ampara.
La igualdad de un colectivo ha de ser completa o, por el contrario, no lo es. Por esta razón es vital respetar la libertad de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales para elegir, en caso de querer afianzar su unión desde el punto de vista legal, entre un enlace en matrimonio o por una unión de pareja de hecho; sólo así la convivencia de estas personas se producirá en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía. Hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie se mantiene esta duda jurídica y esto crea un gran desasosiego.
La mayoría social que apoya el derecho al matrimonio igualitario ha de ser visible
Sabemos que la inmensa mayoría de la sociedad es favorable al pleno reconocimiento de la dignidad y la igualdad para las familias que componen personas LGTB. Pero es necesario que esta mayoría sea abrumadora y, además, se haga visible. De forma libre y democrática, pacífica y respetuosa pero con toda la firmeza posible queremos mostrar por un lado al Gobierno de España, al Partido Popular y por otro al Tribunal Constitucional que las personas LGTB merecen la dignidad y la libertad de cualquier otra persona.
Existíamos, existimos y existiremos de hecho, con recurso o sin recurso, con sentencia del Constitucional positiva o negativa. El debate real es si una sociedad democrática y avanzada, como la española, está dispuesta a soportar un escenario en el que se condene, otra vez, a la clandestinidad a miles de familias vetando nuestro derecho más elemental al amor y la felicidad.